30 años de prisión para César Álvarez por
“La Centralita”
La máxima pena de cárcel que permita la ley. Esto
es lo que pide la fiscalía para el ex presidente regional de Áncash César
Álvarez Aguilar y otras 59 personas que habrían integrado una organización
ilícita que se benefició con los fondos públicos de dicha región.
El fiscal Elmer Chirre presentó la acusación por
el caso conocido como ‘La Centralita’ ante el juzgado de investigación
preparatoria, a cargo de la jueza María de los Ángeles Álvarez Camacho. El
documento consta de 6.015 páginas en las que se describen los actos ilícitos
que habría cometido Álvarez y sus colaboradores, la pena aplicable en cada caso
y para cada uno de los involucrados y las pruebas que sustentan cada caso.
La entrega de la acusación comenzó el martes
último y continuará hoy. Junto a la acusación se presentan 1.973 tomos que
suman más de 356 mil folios o páginas. El Poder Judicial exigió a la fiscalía
que presente una copia impresa de la voluminosa acusación, para cada uno de los
acusados.
LAS PENAS
Si en el Perú las penas se sumaran como en
Estados Unidos, la fiscalía pediría una pena total para César Álvarez de 123
años de prisión, por ocho hechos delictivos. Pero en nuestro país eso no es
posible. La sumatoria de penas tiene dos límites: 35 años de cárcel o el doble
de la pena del delito más grave.
Álvarez y los otros 59 procesados son acusados de
delitos de asociación ilícita, violencia a la autoridad, colusión, peculado,
encubrimiento y lavado de activos. El delito más grave es lavado de activos, 15
años de prisión. Así, la más grave en una sumatoria es 30 años.
La fiscalía pide que el ex presidente regional de
Áncash reciba una condena de 17 años de prisión por asociación ilícita, 15 años
por violencia y resistencia a la autoridad, 5 años por colusión, 10 años por
peculado y cuatro condenas de 18 años y 9 meses por cuatro hechos de lavado de
activos. Pero con los límites de la ley, el pedido alcanza 30 años de prisión
efectiva.
Junto a él, se presentó acusación penal contra
los ex congresistas Heriberto Benítes, 22 años de prisión (12 por asociación
ilícita, 10 por violencia a la autoridad y 8 por encubrimiento) y Víctor
Crisólogo Espejo, 22 años de cárcel (12 por asociación ilícita y 10 por
violencia a la autoridad).
Además, al ex jefe de gestión electoral de la
ONPE José Luis Cavassa Roncalla, 30 años; el ex alcalde del Santa Luis Humberto
Arroyo, 25 años; el ex gerente de infraestructura del gobierno regional de
Áncash Dirse Valverde Varas, 24 años, y el empresario Martín Belaunde Lossio,
22 años de prisión.
La fiscalía incluye en la acusación a las
empresas Ilios Producciones, Nueva Corporación del Norte, A&E Ancash
Telecomunicaciones y Constructora Nolberto Odebrecht. Se pide la disolución de
las tres primeras empresas involucradas en el delito de lavado de activos. Al
concluir la entrega, la jueza deberá notificar la acusación y programar la
audiencia de control de acusación.❧
También se comprende a Odebrecht
La acusación presentada por el fiscal
supraprovincial anticorrupción Elmer Chirre se sustenta en la declaración de 9
colaboradores eficaces, 14 testigos protegidos, cientos de documentos
contables, el historial de cuentas bancarias intervenidas, contratos y diversos
peritajes.
En ‘La Centralita’ se incluye a la constructora
Odebrecht por los pagos realizados para el contrato de construcción de la
carretera Chacas-San Luis, vía depósitos bancarios efectuados en bancos de
China, repatriados al país.
La fiscalía establece que en Áncash funcionó un
centro de espionaje de opositores políticos y periodistas que fue financiado
con fondos sustraídos del Gobierno Regional de Áncash.
El fiscal solicitó al juzgado que disponga el
impedimento de salida del país para los acusados que se encuentren en libertad,
a fin de asegurar su comparecencia al próximo juicio público.
