La Procuraduría Anticorrupción también solicitó a la Fiscalía que investigue al congresista Heriberto Benítez.
La red del abogado Rodolfo Orellana tuvo tentáculos en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp) y en el Poder Judicial que le permitieron apropiarse ilícitamente de diversos inmuebles.
A esa conclusión llegó el procurador anticorrupción, Christian Salas, quien presentó ayer un escrito ante el Ministerio Público para que se investigue a una serie de funcionarios y magistrados vinculados a dicha red.
De esta manera, pidió que sean comprendidos los registradores de Lima Pedro Guzmán, Adriana Delgado, María Zaplana, Douglas Arámbulo (asistente registral de Huacho) y Álex Trujillo (servidor registral de Huaral). Asimismo, María Carrasco (jueza provisional del 45° Juzgado Penal de Lima), Félix Cáceres (juez especializado de Chincha), Hermes Meneses (secretario judicial de Chincha), Héctor Bendezú (juez del 19° Juzgado Penal de Lima), Juan Changanaqui (juez del 35° Juzgado Penal de Lima), Francisco Boza (presidente de la Corte de Ucayali). Incluye, de igual modo, a magistrados de Yarinacocha, Atalaya y del Santa.
En el documento, al que accedió Perú21, también se incluye al congresista Heriberto Benítez por “la posible existencia de interceptación telefónica realizada en la ciudad de Lima” y trasladada a ‘La Centralita’, caso por el que también es implicado Orellana.
También figuran en la relación el propio Rodolfo Orellana, su hermana Ludith Orellana y Benedicto Jiménez.
El procurador pide que a todos ellos se les investigue por los presuntos delitos de asociación ilícita para delinquir, cohecho pasivo propio y/o encubrimiento personal en agravio del Estado y solicita una serie de diligencias preparatorias.
“Se indaga si los investigados integraron una organización criminal dedicada a transferir, transformar y ocultar activos (inmuebles y derechos crediticios sobre inmuebles) ilícitamente adquiridos a través de estafas y documentos falsificados con la participación de personas naturales y jurídicas”, se señala en el escrito.
La procuraduría tiene la hipótesis de que los miembros de la referida organización habrían ejecutado actos de seudo asesoramiento (rescates inmobiliarios y saneamiento de títulos) a través de estudios jurídicos, empresas inmobiliarias y liquidadoras para darle apariencia de legalidad a los procedimientos ilícitos por medio de los cuales se habrían apropiado de inmuebles.
DILIGENCIAS A SEGUIR
Salas pidió a la Fiscalía solicitar a la Sunarp un reporte completo de los actos registrales vinculados a la inscripción de titulos, inmuebles y otros presentados por la organización criminal para su anotación.
También requirió copias certificadas de la investigación preliminar que ya existe contra Orellana por lavado de activos e información de la indagación seguida contra César Álvarez, con el objetivo de determinar la vinculación entre ambos.
DATOS
- Los abogados de Rodolfo Orellana presentaron una queja ante la Oficina de Control de la Magistratura porque consideran que los fiscales no están llevando un debido proceso, según Carlos Camacho, vocero del prófugo abogado.
- Agregó que Orellana, por ahora, no se entregará a la justicia porque considera que no hay un debido proceso.
- La OCMA suspendió al juez Jorge Reátegui Pisco (Ucayali), al comprobarse que estaría vinculado a Rodolfo Orellana al haberlo favorecido con hábeas corpus para que lo excluyan de procesos en su contra.
Fuente: Perú 21
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