Luego de los casos de sicariato juvenil y parricidios que
vienen azotando al país, el presidente de la Corte Superior de Justicia de
Lima, Iván Sequeiros, propuso revisar la ley penal para que menores de edad
involucrados en estos crímenes u otros delitos graves sean sancionados como
adultos y no queden libres al cumplir los 18 años.
Sequeiros dijo que es alarmante escuchar, como si fueran
noticias cotidianas, que menores de edad están cometiendo delitos en diferentes
partes del país y, peor aún, anotó, saber que en la normativa vigente, esos
delitos no son vistos como tales sino como "actos antisociales".
"Yo creo que tenemos que revisar la legislación
penal para incluir algunos tipos penales e involucrar a los menores de edad en
relación a esos tipos penales. Menores de edad, tal vez desde 14, 15 o 16 años,
deben ser tratados como adultos en delitos extremadamente graves. Tenemos que
entender que los chicos de ahora no son los chicos de antes", comentó a
Andina.
Según refirió, en países como Inglaterra ya se aplica
este concepto. Allí, relató, cuando un menor de 14 años comete delito, se le
sanciona como a cualquier mayor de edad.
El titular de la Corte de Lima advirtió que los últimos
tiempos se observa a jóvenes con tendencias más violentas, con otro tipo de
información, otros patrones, "y eso trae como consecuencia que sus
actitudes delictivas también sean mucho mas graves".
"En el norte del Perú hay mucho sicariato con
menores de edad y eso hay que pararlo. Y la única forma de pararlo es
sancionarlo de manera severa. Los delincuentes mayores se escudan en estos
menores para cometer sus delitos", subrayó.
Uno de estos menores, que huyó y luego fue recapturado
por la Policía, es Alexander Manuel P.G., alias Gringasho, acusado de haber
asesinado a varias personas y de estar involucrado en una serie de actos
delictivos.
Sequeiros indicó que, al ser este problema muy serio,
están evaluando la posibilidad de proponer los cambios en la legislación penal,
pero, agregó, no quisiéramos que esto nazca necesariamente del Poder Judicial
sino que debería ser una política de Estado.
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