4 generales y 14 oficiales
investigados por 2 millones de
soles
La titular de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa
Especializada en delito de Corrupción y Funcionarios de Lima, Martha Salinas
Zavala, abrió investigación a cuatro generales y 14 oficiales y suboficiales
por falsear informes de conformidad para el mantenimiento y reparación de 143
patrulleros.
Se atribuye a los implicados haber dispuesto el pago de 2
millones de soles en servicios para recuperar la operatividad de los vehículos,
pero dichos trabajos no se hicieron.
La denuncia originalmente fue presentada por el contralor de
la República, Edgard Alarcón Tejada, luego de la aplicación de una auditoría a
la Dirección Ejecutiva de la Policía Nacional.
De acuerdo con las indagaciones, la Dirección de Logística
de la Policía Nacional suscribió contrataciones directas de menor cuantía para
que 143 vehículos policiales inoperativos recibieran mantenimiento y
reparación.
Simulación en papel
Para que se proceda a la cancelación por los servicios se
debería adjuntar las constancias de trabajo, actas de conformidad e informes
técnicos de verificación del servicio y los comprobantes de pago de los
proveedores. Sin embargo, nunca se cumplieron tales servicios. Supuestamente,
las empresas cobraron por un trabajo que no hicieron.
Los generales implicados en el caso son el ex jefe la
Dirección Ejecutiva de Administración de la Policía Nacional, general Nicolás
Cayo Noriega; el ex jefe de la Dirección de Logística (Dirlog), general René
Rodríguez Guzmán; el jefe de la Dirección de Economía y Finanzas de la PNP
(Direcfin), general Luis Escalante Cheng; y el ex jefe de la Región Policial de
Ica general Manuel Mondragón Campuzano.
En la lista figuran también los coroneles Raúl Robles Gamero
(jefe de Abastecimiento-Dirlog); Pedro Cotillo Cortez (jefe de la Unidad de
Investigación y Desarrollo-Dirlog); Eradio Ramírez Sánchez (jefe de Ejecución
Presupuestal-Direcfin); Eulogio Chacón Mendoza (jefe de la División de
Tesorería-Direcfin).
Además, los comandantes Eduardo Rodríguez Vásquez (jefe de
Adquisiciones-Dirlog), Juan Salgado Pineda (jefe de Maestranza 2-Dirlog), Julio
Rojas Briones (jefe de la Oficina de Administración-Ica) y Will Estrada Salinas
(jefe del Estado Mayor de Ica).
Con ellos, los mayores Carlos Medrano de la Cruz (jefe de Control
de Precios-Dirlog), Abel Quispe Meléndez (jefe de Transportes y
Abastecimiento-Huallaga) y María Muñante Valenzuela (jefa del Departamento de
Control Previo-Direcfin).
A los nombrados se suman los suboficiales César Cotera Ríos
(chofer de la Región Policial de Ica), Eloy Luque Luján (mecánico), Adolfo
Saravia Farfán y Samuel Chávez Espinoza, ambos del área de control de precios
de la Dirlog.
La investigación alcanza también a las empresas: Grupo A.S.
Coronel & Cia, Servicio Generales Noriega, Abastecimiento Ávila, Negocios
Luis Carlos, Servicios Generales L. Pillaca, D’Juarez Motor y Autotracto.
El mismo proveedor
La Contraloría detectó en la Región Policial de Ica facturas
por concepto de mantenimiento y reparación de 134 patrulleros por un valor de 1
millón 600 mil soles que fueron giradas a nombre de las empresas Grupo A.S.
Coronel & Cia, Servicio Generales Noriega, Abastecimiento Ávila, Negocios
Luis Carlos, Servicios Generales L. Pillaca, D’Juarez Motor y Autotracto.
A primera vista pareciera que tienen distintos dueños, pero
las autoridades descubrieron que se trataba de un solo proveedor identificado
como Henry Urbina Chávez.
Estos hechos se registraron entre el primero de enero y el
31 de diciembre de 2014.
Según las actas de conformidad, las mencionadas empresas
habían realizado una serie de reparaciones en el sistema de embrague, frenos,
direcciones y eléctrico a los 134 vehículos asignados a las comisarías,
División de Investigación Criminal y de Carreteras de Ica. Sin embargo, dichos
servicios no se ejecutaron.
La Contraloría descubrió que las actas de conformidad
contaban con las firmas del general Manuel Mondragón Campuzano y la de los
jefes de la Oficina de Administración y del Estado Mayor Ica, comandantes Julio
Rojas Briones y Will Estrada; así como del suboficial César Cotera Ríos
(chofer).
Es decir, la alta oficialidad estaba implicada.
En su descargo, tanto Mondragón, Rojas, Estrada y el
suboficial Cotera negaron las imputaciones alegando que alguien había
falsificado sus firmas. Pero el perito grafotécnico Winston Aquije Saavedra
dictaminó que las firmas correspondían al puño y letra de los investigados.
Lo que llamó la atención de la Contraloría fue que de los
134 patrulleros, el general Mondragón solicitó requerimientos de mantenimiento
para 42 vehículos que recién habían sido adquiridos por la Policía Nacional.
Por todas partes
También se consignaron reparaciones de patrulleros que
habían sido donados por una empresa minera que contaba con mantenimiento hasta
diciembre del 2014, así como de patrulleros que habían sido declarados
inoperativos, es decir, irrecuperables.
Estos actos fueron avalados, según la investigación de la
fiscal Martha Salinas, por laDirección de Logística de la Policía Nacional,
cuyos efectivos, sin previo estudio de mercado y de control de precios,
contrataron a dedo a empresas cuyos talleres estaban ubicados en Lima y no en
los lugares donde se requería el servicio.
Tampoco viajaron hasta el lugar donde se encontraban los
vehículos que supuestamente necesitaban reparación.
Por el contrario, tramitaron las órdenes de servicio y el
pago de los supuestos trabajos ante la Dirección de Economía de la PNP sin
haber verificaron si realmente se cumplió con el mantenimiento de los
patrulleros.
La Contraloría también detectó que se elaboraron falsos
informes de requerimientos y actas de conformidad para el mantenimiento de ocho
unidades asignadas a la Dirección Anticorrupción con sede en Cusco, Puno,
Arequipa, Cajamarca, Huaraz y Piura.
Sin embargo, la Dirección Anticorrupción envió un informe a
la fiscal Martha Salinas, indicando que en ese periodo los vehículos estaban
operativos y no necesitaban de mantenimiento, mucho menos ser reparados.
El engaño no pudo sostenerse demasiado tiempo.
La increíble historia de la ‘reparación’ del camión
antiminas
La Contraloría detectó una serie de irregularidades en las
órdenes de servicios para el mantenimiento de un camión antiminas asignado a la
comisaría de Tulumayo, del Frente Policial Huallaga.
Las contrataciones estaban a cargo de un grupo conformado
por el jefe de Abastecimiento, coronel Raúl Robles; y el jefe de Adquisiciones,
comandante Eduardo Rodríguez, de la Dirección de Logística de la PNP.
Según las investigaciones, Raúl Robles y Eduardo Rodríguez
remitieron cartas a las empresas para que presenten cotizaciones por servicio
de mantenimiento, pero no consignaron el lugar de prestación, pues el camión
estaba en el Huallaga.
Por ejemplo, la orden de servicio fue elaborada el 4 de
octubre del 2014, y extrañamente el acta de conformidad se firmaba el 7 de ese
mes. ¿Cómo se pudo arreglar en 4 días un camión antiminas, cuando las bases
contemplaban como plazo 35 días? Lo cierto es que la empresa que gano la buena
pro nunca hizo el trabajo.
En cifras
134 patrulleros fueron consignados a la Región Policial Ica.
8 vehículos pertenecían a la Dirección Contra la Corrupción.
